Shakira acusa machismo en su batalla legal con Hacienda y denuncia una persecución pública injusta.
En un giro inesperado, Shakira rompió su silencio sobre la batalla judicial que ha sostenido con la Agencia Tributaria de España. En una carta publicada en El Mundo, la cantante colombiana acusó al organismo de un tratamiento machista y de intentar “quemarla públicamente en la hoguera”. Según la artista, la Hacienda española tergiversó su situación fiscal desde 2011, cuando comenzó a viajar a España por su relación con Gerard Piqué, y fabricó un relato que buscaba pintarla como evasora.
Shakira sostiene que la acusación en su contra no solo fue injusta, sino que estuvo marcada por un prejuicio de género. Según su versión, si hubiera sido un hombre en una situación similar, las autoridades no habrían interpretado sus viajes como una intención de arraigo. La cantante también aseguró que admitió culpabilidad en 2023 por sus hijos, pero nunca por haber cometido un delito.
Además, destacó que sus finanzas han sido auditadas por otras entidades internacionales sin encontrar irregularidades. Shakira, quien defiende su inocencia, denuncia que Hacienda intentó construir un relato moralista para desacreditarla ante la opinión pública, apelando a un sistema que, según ella, no hubiera actuado de la misma manera si se tratara de un hombre.
“Si el cantante hubiera sido un hombre estadounidense —explica la artista en su carta al hablar de un ‘prejuicio machista’— se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que la Agencia Tributaria hubiera considerado que tenía una intención de arraigo. Hay un machismo estructural que da por descontado que una mujer solo puede seguir a un hombre, incluso cuando no le conviene”.
En el artículo de El Mundo defiende que ella siempre cumplió con sus obligaciones y para justificarse explica que sus finanzas fueron investigadas por “instituciones tan poco sospechosas” como la Casa Blanca o el IRS y aprobadas por otros países de la Unión Europea, y “en todo ese tiempo nunca encontraron ni la menor seña de ilegalidad”.
En enero de 2018, la Agencia Tributaria la denunció argumentando que entre 2012 y 2014 la cantante residía en España y, por tanto, debía tributar en el país la mayor parte de sus ingresos generados en todo el mundo. El fraude alegado por Hacienda ascendía a 14,5 millones de euros (unos US$ 15,6 millones). En 2023, la artista llegó a un acuerdo que implicó admitir el delito ante un juez y pagar una multa de más de 7 millones de euros (unos US$ 7,9 millones).
Mientras tanto, “un director general de inspección de la Agencia Tributaria española se permitió criminalizarme en un programa de la televisión antes incluso de que se celebrara el juicio”. “La Agencia Tributaria no trata de castigar a quien no cumple, sino de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho”, denuncia y agrega que “si se suman todas las cantidades de lo que pagué voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años”.
La cantante explica que, durante la década que vivió en España, pese a haber brindado 120 conciertos en todo el mundo, no obtuvo ganancias, debido a que el Estado español se quedó con todo lo que ganó en esos años. “Hoy mi patrimonio consiste en lo que gané antes de llegar a España y lo que gané después de salir de ella”.
Finalmente, la cantante expone por qué ha decidido hablar ahora a través de la publicación de esa carga. “El primer motivo son mis hijos”, explica.
“Quiero dejarles el legado de una mujer que expuso sus razones con calma y en sus propios tiempos, cuando ella lo consideró necesario, no cuando la obligaron a hacerlo. Necesito que sepan que tomé las decisiones que tomé para protegerles, para estar a su lado y seguir con mi vida. No por cobardía ni por culpabilidad”, indicó.