Las autoridades españolas aseguran que la cantante habría utilizado un entramado societario a través de paraísos fiscales.
Dichas declaraciones hicieron que sus fans recordaran su conversación con la revista Elle, en septiembre de 2022, pues allí aseguró que estaba atravesando por una de las etapas más oscuras de su vida no solo por la separación de Gerard Piqué, sino también por otra serie de complicaciones que le surgieron en ese preciso momento, como los quebrantos de salud de su padre y los avances en las investigaciones de la Fiscalía de España por presuntos delitos fiscales.
Según las autoridades españolas, la cantante barranquillera habría utilizado todo un entramado societario a través de paraísos fiscales para no responder ante la Agencia Tributaria Española y, por esta razón, después de abrir un juicio oral para que fuera juzgada en audiencia por los delitos cometidos, presuntamente entre los años 2012 y 2014, en las últimas horas se conoció que la acusaron nuevamente por la misma acción, pero esta vez cometida en el año 2018.
Inicialmente, la artista fue acusada de seis delitos fiscales por defraudar 14,5 millones de euros durante más de 3 años, simulando que no residía en España en ese momento, sin embargo, ella se defendió afirmando tener “la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día”.
No obstante, la Fiscalía solicitó ocho años y dos meses de prisión en su contra, así como una multa de 23 millones de euros.
A pesar de defender su postura de “inocencia”, en las últimas horas su nombre ha vuelto a resonar luego de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España, la acusaran nuevamente de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de renta y del impuesto de patrimonio de 2018, al parecer, mediante un complejo entramado societario que le habría permitido redirigir su dinero hacia “países de baja tributación y alta opacidad”.
La querella señala que la intérprete de ‘Waka Waka’ era residente fiscal en España durante 2018, viviendo en Esplugues de Llobregat (Barcelona) con su pareja y sus dos hijos, por lo que estaba obligada a declarar y tributar por la totalidad de sus ingresos globales, independientemente de su origen y de la ubicación del pagador, indicando que en concreto, habría defraudado 5,3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 ‘El Dorado’.
Por otro lado, menciona la cesión de sus derechos intelectuales y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financiero, sosteniendo que la artista utilizó sociedades instrumentales en varios países como Islas Vírgenes Británicas, Malta, Panamá, Holanda, Luxemburgo y Liechtenstein, con la intención de evadir sus responsabilidades fiscales.
De esta manera, la entidad explicó que con los intereses de demora, Shakira tendría una deuda total de 6.686.502 euros, que se mantienen en negociaciones para reducir su acusación a cambio de reconocer los hechos que, hasta ahora, no han prosperado.
La denuncia precisa que la cantante habría cobrado parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de esta manera, se habría beneficiado con una tribución “reducida” que en 2018 se situó en el 1,39 %.
De acuerdo con la opinión de la Fiscalía, dicha firma luxemburguesa, “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales” debido a que no llegó a desempeñar alguna otra actividad, más allá de una “intervención meramente formal y administrativa”.
Además, indica que la barranquillera habría usado otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira ‘El Dorado’, pese a que la firma también carecía de actividad real.